El pleno del INAI quedó con cinco integrantes hace cinco semanas, cuando expiró el periodo de seis años para el que fueron electos Patricia Kurczyn Villalobos y Joel Salas Suárez
En una semana, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) quedará sin representación legal, con el fin del periodo para el que el abogado zacatecano Francisco Javier Acuña Llamas fue electo. Con el Pleno incompleto, por la contingencia sanitaria, la elección del nuevo presidente comisionado quedará en suspenso.
El título segundo de la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales engloba los artículos que rigen el funcionamiento de los responsables en esas materias. La tercera sección arranca con el artículo 30, sobre el comisionado presidente, quien deberá ser electo en sesión pública por los siete integrantes del pleno mediante voto secreto hasta en cuatro rondas. El comisionado electo cumplirá un periodo de tres años, renovable por una ocasión.
Acuña Llamas llegó a la presidencia del pleno, tras de dos rondas de votación, el 12 de mayo del 2017. Y no podrá buscar la reelección, pues fue designado para cumplir con una estancia de nueve años en el INAI, que concluyen el 31 de marzo del 2023. El artículo 27 de la ley estipula que los comisionados no podrán reelegirse. No hay referencia alguna a la extensión del mandato o la vacancia temporal de los mismos, salvo lo mandatado en el segundo párrafo del artículo 34: “Bajo ningún supuesto será posible la suplencia de los comisionados”.
El pleno del INAI quedó con cinco integrantes hace cinco semanas, cuando expiró el periodo de seis años para el que fueron electos Patricia Kurczyn Villalobos y Joel Salas Suárez. El proceso de elección de los nuevos comisionados fue suspendido por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el pasado 23 de marzo, por la contingencia sanitaria.
Incluso antes, había un intenso debate sobre la elegibilidad del nuevo presidente del pleno. “Volveremos a tener presidenta”, apostaba la burocracia del instituto. Y es que Óscar Guerra Ford y Eugenio Monterrey Chepov, quienes dejarán su cargo el 31 de marzo del 2022, no podrían cumplir con el trienio que estipula la ley. Blanca Lilia Ibarra Cadena y Josefina Román Vergara permanecerán en el órgano garante hasta el 2025.
El artículo 32 de la ley obliga a los interesados en presidir el instituto a presentar y exponer en sesión pública su programa de trabajo, lo que ocurriría el próximo miércoles 13. Ni Guerra Ford ni Ibarra Cadena han cumplido con ese requisito… todavía.
El párrafo segundo del artículo 30 dice: “El comisionado presidente presidirá el pleno. En caso de ausencia, le suplirá el comisionado de mayor antigüedad y, a igualdad de antigüedad, el de mayor edad”, lo que dejaría a Guerra Ford al frente del pleno, en tanto se elige al nuevo presidente.
En el Senado de la República, por el contrario, no existen tantas certezas. La convocatoria para seleccionar a los nuevos comisionados quedó a medias, con apenas medio centenar de inscritos y sin que hubiera ocurrido la comparecencia de los aspirantes.
El proceso de nombramiento debe cumplir con lo establecido en la Constitución, la LFAI y el Reglamento de la Cámara Alta y debe iniciar en un plazo no mayor a 60 días anteriores a la fecha en que concluya su periodo el comisionado que deje su puesto. Concluirá, cuando los senadores elijan, en sesión plenaria, al sustituto. Y vendrá entonces el proceso de ratificación, por parte del Ejecutivo.
Esta semana, un foro virtual para conmemorar el quinto aniversario de la entrada en vigor de la nueva ley derivó en una pasarela para las aspirantes mejor posicionadas a las vacantes, a saber: la subsecretaria de Combate a la Impunidad, Tania de la Paz Pérez Farca; la comisionada del IZAI, Norma Julieta del Río Venegas, y Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar.
Efectos secundarios
TAREAS. El nuevo administrador general de las Aduanas de México, Horacio Duarte Olivares, deberá atender la alerta sanitaria, emitida por Cofepris, y frenar la importación de productos de tabaco ilícitos. Actualmente, en el país se comercializan más de 250 marcas ilegales, provenientes de China, India, Vietnam, Emiratos Árabes y Paraguay. El comercio ilegal de cigarros tuvo un crecimiento exponencial, a raíz del IEPS, y el contrabando implica evasión tributaria y afectaciones en temas de salud pública.
ABUSADOS. Para apoyar a los concesionarios del transporte público, el gobierno de la Ciudad de México anunció un subsidio para la compra de combustible, que va entre los 4,000 y los 6,000 pesos que serán dispersados a través de tarjetas electrónicas entre los beneficiarios del programa. El concurso para seleccionar al proveedor del servicio concitó a las grandes valeras y medios de pago y también a “nuevos jugadores”, entre los que destaca Grupo Omega Zion, que aparece por primera vez… El contrato que puede alcanzar los 354 millones de pesos para un total de 16,805 vehículos beneficiados, y en donde el proveedor deberá contar con la capacidad de financiamiento del total del contrato, pues se le pagará a mes vencido.
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