Un año antes, en la etapa de transición, la Secretaría de la Defensa había iniciado un diagnóstico que posteriormente confirmaría las sospechas de la 4T: la corrupción en las aduanas favorece el tráfico de armas, drogas, precursores químicos, efectivo y mercancías en general
En septiembre pasado, Ricardo Ahued acudió al Órgano Interno de Control (OIC) del SAT para entregar las evidencias de una irregularidad mayor: la omisión del pago de IEPS e IVA de embarcaciones de hidrocarburos que pasaban por la aduana de Tuxpan.
Un año antes, en la etapa de transición, la Secretaría de la Defensa había iniciado un diagnóstico que posteriormente confirmaría las sospechas de la 4T: la corrupción en las aduanas favorece el tráfico de armas, drogas, precursores químicos, efectivo y mercancías en general.
La militarización de ese sector estratégico estaba en la mesa cuando ocurrió el relevo de Ricardo Peralta —quien sería designado subsecretario de Gobernación, en lugar de Zoe Robledo, tras la renuncia de Germán Martínez al IMSS— y la posterior llegada del político xalapeño, quien tuvo que dejar su escaño para atender el llamado presidencial. Su honestidad irrefutable lo llevó a enfrentar al monstruo de 100 cabezas, mientras el plan de incorporar a personal militar retirado a 44 aduanas “de alto riesgo” era consensuado con Hacienda y Gobernación, además del alto mando castrense.
A los seis meses de su arribo a la Administración General de Aduanas (AGA), Ahued Bardahuil había logrado acordar con el Ejecutivo federal una limpia entre los administradores y la intervención de la Marina en la operación de las aduanas más conflictivas. Pero la queja por la probable evasión de impuestos (¿o contrabando?) de los importadores de combustibles era un asunto mayor, tanto como 2,000 millones de pesos. A mayor abundamiento: más de 70% del PIB nacional se mueve en las aduanas, donde se recauda 70% del IVA anualmente.
La titular del OIC del SAT, Albina Francisca Morales Rojas, tuvo que iniciar las indagatorias, aunque la investigación quedó en la jurisdicción de Norma Osorio Albarrán. Y pendiente, desde entonces, la justificación sobre los criterios esgrimidos para exentar del pago de impuestos a importaciones marítimas de combustibles realizadas durante la contingencia producto del desabasto de gasolinas, tras la acción contra el robo de gasolinas en los ductos de Petróleos Mexicanos.
Ahued Bardahuil pudo avanzar en la limpia de las aduanas, mientras Margarita Ríos-Farjat estuvo al frente del SAT. Todo lo contrario, tras del arribo de la exoficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro Sánchez, con quien mantuvo constantes roces. Y es que apoyada en Martha Patricia Hernández Gutiérrez, la administradora central de asuntos jurídicos, y Lorena Urrea García, administradora central de operación aduanera, la nueva jefa del sistema de recaudación pugnó por la ampliación de la red de recintos fiscalizados estratégico, un modelo acorde con la inminente entrada en vigor del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.
El rol de las aduanas en México como punto de inspección y revisión en materia de seguridad y contrabando es el que subyace, en medio de las polémicas. La automatización del proceso sería el antídoto contra la corrupción. Sin embargo, esto implica una ambiciosa inversión en infraestructura, como el remplazo de las casetas por arcos con lectores, o la concreción del Proyecto de Integración Tecnológica y Aduanera.
Si no fue por motivos de salud ni por mal desempeño, ¿Ahued Bardahuil salió de AGA por sus diferencias con la titular del SAT, Raquel Buenrostro… o por pugnas con colaboradores del subsecretario Peralta?
Efectos secundarios
RIESGOSOS. Un motín estuvo a punto de ocurrir el pasado fin de semana en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, luego de que un grupo de internos reclamara por la insuficiencia de la comida y porque algunas raciones entregadas por los custodios estaban en mal estado. Productos Serel, una filial de Corporativo Kosmos, es la encargada de prestar ese servicio a uno de los penales más conflictivos en aquella entidad, donde los hechos violentos son frecuentes desde principios del año.
¿ESENCIALES? Sin sesiones presenciales desde hace un mes, los comisionados del INAI y de los 32 organismos garantes del acceso a la información están impedidos de desahogar los recursos de reconsideración tramitados por los ciudadanos, tras decretar la suspensión de términos de los procedimientos administrativos de su competencia. ¿Y las solicitudes de información formuladas a partir del 15 de marzo? Sólo por el Covid-19 hay más de 1,200 en el INAI, pero los sujetos obligados no deberán atenderlas hasta el fin de la contingencia. Eso sí, la suspensión de términos no significa la suspensión de labores institucionales o vacaciones de los órganos garantes. Y podrán determinar la factibilidad de activar los plazos anticipadamente en aquellos sujetos obligados que se ubiquen en las demarcaciones territoriales en las que las autoridades sanitarias acuerden levantar el aislamiento social, según la resolución adoptada por el Sistema Nacional de Transparencia, que encabezan el presidente comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, y Cynthia Patricia Cantero Pacheco, coordinadora de los organismos garantes en las entidades.
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