El enfrentamiento entre taxistas y compañías de servicio de transporte compartido como Uber y Cabify se ha intensificado de manera importante.
El enfrentamiento entre taxistas y compañías de servicio de transporte compartido como Uber y Cabify se ha intensificado de manera importante. El debate es uno que evidentemente tiene un ángulo político pero que también debe ser analizado dentro del marco de la economía como ciencia.
El análisis de mercados de las corrientes clásicas y neoclásicas de la teoría económica parte de la hipótesis de mercados eficientes en los que los participantes interactúan de tal manera que la determinación de precios y la calidad de los bienes o servicios en cuestión se determinan de manera competitiva y eficiente. Sin embargo, en la realidad, son pocos los mercados que funcionan así.
La falta de competencia en algunas industrias tiene como consecuencia la presencia de precios altos y una calidad deficiente en los bienes y servicios. En algunos mercados esto sucede porque no existe un marco regulatorio adecuado y en otros, simplemente los participantes de lado de la demanda y los del lado de la oferta no están en contacto directo de manera inmediata.
En el caso del servicio de transporte de taxis, en la mayoría de las grandes metrópolis del mundo y, en particular en el Distrito Federal, se tienen ambos problemas. Tanto en el DF como en muchas grandes ciudades, el número de taxis que opera en las calles está limitado por el requisito de obtener un permiso o licencia especial. Como el número de permisos nuevos generalmente está controlado, esto crea un mercado secundario para la obtención de permisos e infla artificialmente el costo de dichos permisos.
Por ejemplo, en ciudades como Nueva York, el precio de un “medallón” de taxi en el mercado secundario puede ascender hasta 1 millón de dólares. Este entorno regulatorio limita la competencia en beneficio de algunos cuantos y en detrimento de los usuarios.
En la gran mayoría de los casos, los principales beneficiarios de esto no son los taxistas sino aquellos que controlan el acceso a estos permisos que con frecuencia extraen rentas económicas y/o políticas mediante la manipulación de grupos de taxistas a quienes les condicionan su acceso a estos permisos al pago de cuotas y clientelismo electoral.
En el caso de nuestra ciudad, este mecanismo va más allá de los permisos legales ya que existen organizaciones de taxistas no autorizados que son manejadas como clientelas electorales a cambio de que se tolere su operación aún y cuando no tienen los permisos correspondientes.
Un servicio como Uber ha resuelto el problema de no tener en contacto directo de manera inmediata a los participantes del mercado, ya que la plataforma tecnológica hace posible que una persona que requiere un servicio de transporte de un punto a otro puede inmediatamente entrar en contacto con proveedores que están dispuestos a dar ese servicio con calidad y en ese mismo momento por un costo transparente y razonable.
La entrada de jugadores que rompen con el statu quo como Uber, afectando los intereses de grupos de poder y estructuras clientelares, es una situación recurrente en la historia económica en la que por lo general la regulación ha sido rebasada por la innovación, generando inevitablemente un conflicto.
Los afectados siempre oponen resistencia y en algunas ocasiones pueden tener algo de razón. No obstante, estos grupos de poder no deben confundir este legítimo derecho de que las reglas sean parejas para todos con el de prohibir la entrada por completo a nuevos jugadores que amenazan sus rentas.
El Estado debe jugar un papel de árbitro independiente, definiendo las reglas del juego para promover la competencia y evitar el abuso de los agentes que tienen poder excesivo en ciertos mercados. Si el estado contamina este papel con fines políticos, restringiendo la competencia para perpetuar estructuras clientelares y/o asegurarle rentas a aquellos que controlan esas estructuras clientelares, estará cometiendo un gravísimo error.
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