¿Cuánto tarda un paciente diagnosticado en ser atendido en instancias de salud como el Seguro Popular o el IMSS?
¿Universalidad o privatización de los servicios? ¿Caridad o derecho? La limpia en el sistema de salud pública ha desatado uno de los debates más álgidos del sexenio. La destitución del director general del Instituto Nacional de Neurología, y la cancelación de los subsidios para la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) son los dos capítulos más recientes de esta triste comedia.
“¿Cuánto tarda un paciente diagnosticado en ser atendido en instancias de salud como el Seguro Popular o el IMSS? ¿Cuánto cuesta una mastectomía o una quimioterapia?”, cuestiona una lectora de este espacio, exfuncionaria del ISSSTE, enterada del recorte que dejaría a la Fucam en el desamparo. “¿Cuánto cuestan los análisis para diagnosticar esta enfermedad? ¿Cuánto vale la dignidad?”.
Allí, la hermana de su madre —paciente con un cáncer tipo 3— encontró remedio, pero sobre todo trato decoroso. A este espacio también han sido referidos testimonios que muestran el otro lado de esta historia: diagnósticos retenidos, cobros implacables, modos prejuiciosos y la venta inducida de aditamentos —entre ellos pelucas—, con sobreprecios.
La Fucam es producto de la iniciativa de Fernando Guisa Hohenstein, quien había pasado dos décadas en el claustro del Hospital de México pero decidió renunciar, en desacuerdo con las políticas del Grupo Ángeles. Con un modelo de atención integral para pacientes de cáncer de mama sin afiliación al IMSS y el respaldo del empresario Juan Sánchez Navarro, comenzó su periplo.
En el 2003, Guisa Hohenstein consiguió su primera cita con AMLO, quien a la postre accedería a donarle un predio en el viejo ejido Santa Úrsula Coapa donde se erigiría el Instituto de Enfermedades de la Mama. López Obrador puso como condición que no cobraran a las pacientes y que su administración absorbería el costo de los tratamientos.
El 23 de julio del 2005, AMLO ya había dejado la jefatura de Gobierno y recorría el país, en pos de su primera nominación presidencial. Alejandro Encinas, jefe de gobierno interino, inauguró las nuevas instalaciones y prometió que si en cinco años cumplían las metas los activos pasarían a ser propiedad del Fucam.
Ahora mismo, además de los servicios médicos, allí funcionan la biblioteca Jesús Guisa y Azevedo —filósofo guanajuatense, amigo de José Sánchez Navarro—, un centro cultural y un laboratorio de medicina genómica.
Las críticas a la nueva política pública en materia de salud en México ya alcanzaron a la prensa especializada. Antier, The Lancet —una de las revistas especializadas en medicina más prestigiadas— publicó un artículo titulado “Adiós al Seguro Popular”, bajo la firma de David Agren.
El reporte de Agren recuerda que AMLO nunca validó la iniciativa de Seguro Popular cuando fungió como jefe del Gobierno capitalino y que el extinto DF fue la última de las 32 entidades federativas en firmar el programa implementado durante el sexenio foxista.
Al cabo de 15 años, el Seguro Popular quedó capturado por los gobernadores, quienes gastaron las partidas presupuestales enviadas por la Federación “en otras cosas o de plano lo robaron”, según el testimonio ofrecido a The Lancet por Carlos Pineda, exdirector del Hospital Civil de Morelia.
Pero el nuevo Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar nació sin manuales ni reglas operativas, sin una planificación detallada para su implementación y sin un presupuesto mayor. Detrás de la disputa entre gobiernos estatales y la Federación está el manejo del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que tenía reservas por 80,000 millones de pesos cuando finalizó el Seguro Popular.
Para ampliar la cobertura de servicios médicos, AMLO anunció la inyección de 40,000 millones de pesos adicionales al presupuesto de salud en el 2020. Paradojas del combate a la corrupción: el último director general del Seguro Popular, Gabriel O’Shea, ahora funge como secretario de Salud en el Estado de México y deberá entregar el control del Instituto de Salud de aquella entidad al nuevo Insabi.
Las batallas por la salud abarcan muchos otros territorios. Allí está, por ejemplo, la rebeldía de los capitanes de la industria de los alimentos procesados y las bebidas azucaradas contra el nuevo etiquetado que impondrá la Cofepris. Tras estudiar los escenarios, han decidido solicitar el amparo de la justicia federal.
Por cierto, dos excandidatos priistas del 2018 —ambos integrantes del equipo del expresidente Enrique Peña Nieto— fueron consultados por los empresarios sobre estas lides.
Efectos secundarios
CONTACTOS. Después del ríspido debate entre los aspirantes a la candidatura Demócrata en Las Vegas, el senador Bernie Sanders arrasó en las primarias en Nevada. En la víspera, el legislador de Vermont concedió una entrevista a Guadalupe Venegas, de Noticias Telemundo, quien le preguntó sobre Andrés Manuel López Obrador. El entrevistador enfatizó las similitudes entre ambos. “Lo sé. Me gusta”, respondió Sanders, “respeto lo que está tratando de hacer (…) pero nunca he hablado con él”, para luego revelar que ha tenido contacto con la oficina del presidente mexicano.
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