La parálisis del sistema y una mudanza forzada de una de las sedes del Tribunal —el edificio de Puente de la Morena, afectado por los sismos del 2017— son dos decisiones que tendrán que ser suficientemente explicadas a los nuevos responsables de la secretaría operativa de administración
Cambio de estafeta en el tribunal fiscal entre dos compañeros de generación. El presidente saliente, Carlos Chaurand Arzate, inició su carrera en ese órgano jurisdiccional justo hace 10 años, al igual que Rafael Estrada Sámano y Rafael Anzures Uribe, luego de que el Congreso de la Unión aprobara su nombramiento como magistrados de sala regional.
En el 2012, también designados por Felipe Calderón Hinojosa, llegaron a la Sala Superior Anzures Uribe, Estrada Sámano, Víctor Orduña Muñoz y Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien a mediados del año pasado se perfilaba a la presidencia de ese órgano jurisdiccional con apoyos importantes en la 4T —por su cercanía a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero— y otros sectores, incluido el castrense.
Al cierre del año, la posibilidad de que la única magistrada entre los 11 integrantes de la Sala Superior asumiera la presidencia del tribunal fiscal se había esfumado. Y Anzures Uribe y Orduña Muñoz procuraban el voto de sus colegas de la Sala Superior. La elección, programada para el 2 de enero, sería de pronóstico reservado, pues cada uno de los prospectos aseguraba tener seis votos.
Orduña Muñoz acudía —supuestamente— con el respaldo de sus compañeros de la segunda sección, presidida por Juan Manuel Jiménez Illescas. Al menos así se presentó a la votación, que por primera vez en la historia ocurrió en sesión pública, transmitida por Internet. El decano, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, encabezó la reunión y las magistradas Nora Elizabeth Urby Genel y Magda Zulema Mosri Gutiérrez cantaron al ganador, en primera ronda. No obstante que dos de los respaldos que había amarrado cambiaron de parecer —Jiménez Illescas y Estrada Sámano, apenas dos horas antes—, Orduña Muñoz se comprometió a preservar la unidad dentro del Tribunal.
Y de inmediato, el realineamiento de las estructuras: Estrada Sámano y Luz María Anaya Domínguez, magistrada de la sala especializada en propiedad intelectual, se incorporaron a la Junta de Gobierno y Administración, a propuesta del nuevo magistrado presidente, quien también promoverá un ajuste a la estructura orgánica, con relevos en la dirección general de asuntos jurídicos y en el sistema de justicia en línea.
Y es que después de una década, la implementación del SJL y sus subsistemas —de juicio tradicional, de juicio en línea y de información estadística, prometida por el entonces magistrado presidente, Francisco Cuevas— sigue pendiente. Tanto el diseño conceptual como la adquisición, instalación y configuración de la plataforma tecnológica y de la solución aplicativa fueron asignados a Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, en conjunto con Datavisión Digital, a través de la firma de un contrato por 205 millones de pesos.
La rescisión del contrato con el proveedor de servicios, hace tres años, frenó los incipientes avances en la materia. Chaurand logró recuperar 42 millones de pesos del contrato y la firma de un convenio con el IPN para relanzar el proyecto. Sin avances en esa materia, el nuevo magistrado presidente ofreció un “renovado impulso” al sistema de justicia en línea, a fin de fortalecer el desarrollo de este órgano jurisdiccional.
La parálisis del sistema y una mudanza forzada de una de las sedes del Tribunal —el edificio de Puente de la Morena, afectado por los sismos del 2017— son dos decisiones que tendrán que ser suficientemente explicadas a los nuevos responsables de la secretaría operativa de administración.
Efectos secundarios
¿GRUPO HUIXQUILUCAN? Hace tres meses, el magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar recurrió a las redes sociales para divulgar su currículum y presentar su Plan 20-25, en pos de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México. El abogado sería el segundo distinguido priista huixquiluquense en ocupar uno de los tres poderes en la entidad que gobierna Alfredo del Mazo. Al tiempo de exponer su biografía y su propuesta, abrió un buzón telefónico y un correo electrónico para recibir comentarios y sugerencias al que fueron remitidos un cúmulo de cuestionamientos que van desde su negativa a dejar sus cargos en la Universidad Anáhuac —director de la Facultad de Derecho— mientras fungía como magistrado en materia penal en el Tribunal Superior de Justicia mexiquense, a su desempeño como representante legal del Colegio Oxford, del padre Marcial Maciel o la Reina del Pacífico y llegaron a sus vínculos con otros destacados residentes de Huixquilucan, como Arturo Montiel Rojas, Alfonso Navarrete Prida o José Manzur Quiroga.
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