Además de los funcionarios del gobierno central, el contralor del gobierno capitalino debe fiscalizar en gasto en las 16 alcaldías. Y el siguiente golpe —de acuerdo con el avance de las pesquisas de su equipo— era contra mandos medios y superiores en Coyoacán, por turbiedades en la expedición de licencias y malos manejos en la entrega de los programas asistenciales
Sin manera de proceder directamente contra Miguel Ángel Mancera, el secretario de la Contraloría General de la CDMX, Juan José Serrano Mendoza, estableció las directrices del combate a la corrupción, por instrucciones de su jefa, Claudia Sheinbaum: sin importar sellos partidistas o actores políticos o empresariales, seguir las huellas de los grandes casos.
“Son tranzas, no pendejos”, entendió el abogado, quien luego de un año en el cargo acepta que se han tardado en pescar a los peces gordos. “Vamos lento, pero estamos seguros de las acciones que pronto emprenderemos”, afirmó entonces. El combate a la corrupción, una promesa en ciernes en la administración morenista, que había emprendido acciones contra los exsecretarios Felipe de Jesús Gutiérrez y Edgar Tungüi, además de preparar los expedientes para proceder contra exfuncionarios de la oficina del jefe de Gobierno, la Central de Abastos y la Semovi.
Además de los funcionarios del gobierno central, el contralor del gobierno capitalino debe fiscalizar en gasto en las 16 alcaldías. Y el siguiente golpe —de acuerdo con el avance de las pesquisas de su equipo— era contra mandos medios y superiores en Coyoacán, por turbiedades en la expedición de licencias y malos manejos en la entrega de los programas asistenciales.
¿Y los peces gordos? Justo en la semana que Sheinbaum cumplió un año en el Palacio del Ayuntamiento, vino el golpe que involucró a Miguel Ángel Vásquez Reyes, exjefe de la oficina de José Ramón Amieva, jefe de Gobierno sustituto y exdirector de Capital Humano en la administración mancerista. ¿Los cargos? Supuestamente haber habilitado una nómina especial para emplear a familiares de funcionarios, que además ganaban sueldos por encima de los tabuladores normales, de acuerdo con la información divulgada por la Procuraduría General de Justicia de la CDMX.
Amparado, el exfuncionario capitalino pudo evitar que lo encarcelaran. Este mediodía, empero, deberá presentarse ante el juez de control para conocer las acusaciones en su contra. Ni venta de plazas, ni corrupción, alega el dirigente político, quien en la víspera de su detención —a cargo de agentes de la Policía de Investigación— había encabezado la última asamblea de Somos, una agrupación local que busca su registro como partido político.
Con tres décadas de militancia en la izquierda, Vásquez Reyes permaneció en su casa en la alcaldía Venustiano Carranza. Sin cargo de conciencia, convencido de ser sujeto de una persecución política, no se ocultará ni enviará a su abogado a la audiencia, a diferencia de sus excompañeros del gabinete mancerista.
Tales ímpetus resultan sorprendentes para quienes conocen su trayectoria como servidor público. A lo largo de una década —aseguran— ningún movimiento en la nómina del GDF (ya fueran trabajadores de base, de estructura o de confianza) ocurría sin su visto bueno.
Formado con René Arce, pero enfrentado con Los Chuchos, durante su estancia en el PRD, fungió como representante del PRD ante el Instituto Electoral del extinto DF en los comicios del 2000. Entonces tuvo afanes de convertirse en jefe delegacional o diputado local, pero la caída de René Bejarano frenó abruptamente su carrera política.
Entonces se integró al equipo del oficial mayor, Octavio Romero Oropeza, como director general de política laboral, encargado de la relación con los sindicatos de burócratas. En la Secretaría de Finanzas pasó una década —al servicio de Alejandro Encinas, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera– hasta convertirse en el titular de Capital Humano, en el 2016.
Justo entonces fue cuando ocurrió el incidente que ahora lo llevará ante un juez. La separación de empleados del servicio de agua potable movilizó al sindicato y la negociación con el dirigente de la burocracia capitalina, Juan Ayala, terminó con la implantación de un nuevo nivel escalafonario —la clave 17.3— para posibilitar la jubilación anticipada de un centenar de lecturistas, pero que en realidad sirvió para beneficiar a familiares y recomendados de los líderes seccionales.
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