María Amparo Casar propuso una reflexión sobre la relación entre la prensa y el poder en la Cuarta Transformación.
Sin querer hacer uso legítimo de su derecho al disenso, María Amparo Casar propuso una reflexión sobre la relación entre la prensa y el poder en la Cuarta Transformación. Instalada en su rol de comentócrata, ya casi había agotado la mitad del tiempo de su exposición en el Foro Nacional “Reputación, verdad, redes sociales y derechos humanos” hasta que su colega, Leonardo Curzio, la interrumpió para exhortarla a enfocarse a los linchamientos mediáticos y que respondiera al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad estuvo entre las organizaciones firmantes del desplegado aparecido ayer en la prensa nacional que reclamaron al Ejecutivo federal sus descalificaciones a los promoventes de los amparos que obligan al gobierno a frenar los trabajos en la base aérea y a conservar las obras del NAIM en Texcoco. Corruptos, torpes y saboteadores legales; conservadores obnubilados, fuera de juicio.
“Que conste que nos habían invitado desde mucho antes”, insistió Casar, quien no quería politizar este foro coauspiciado por la Academia Mexicana de la Comunicación y la CNDH. Imposible, su intento.
“Hay una monopolización de la palabra desde el estrado presidencial, lo vemos todas las mañanas en Palacio Nacional”, arrancó la doctora en ciencia política, excoordinadora de asesores de Santiago Creel. “No hay que alucinar o personalizar las cosas, mucho menos victimizarse”, insistió, “ésta es una práctica que está resultando ser generalizada”.
Casar se sabe una entre los múltiples blancos del discurso contra los adversarios de la 4T. Ella está entre las 30 personas aludidas —por nombre y apellido— en las mañaneras, como también una veintena de órganos autónomos y entidades gubernamentales y otras tantas ONG, que han sido denostadas. A esa lista habría que sumar a los organismos financieros internacionales, las calificadoras y los medios de comunicación nacionales e internacionales señalados en esos “diálogos circulares”.
Inédito el fenómeno del linchamiento en contra de las instituciones, comenta el periodista Marco Levario Turcott, director de la revista Etcétera. Las arengas contra los organismos que deberían ser contrapeso del Poder Ejecutivo. Casar había enlistado antes a 11 exfuncionarios del sector energético, denostados en las mañaneras.
“Me preocupan más las personas”, expresó, “las organizaciones tenemos un poco más de defensa, no solamente por el acceso que tenemos a los medios, sino porque los ataques generan tal ruido, que la solidaridad es inmediata. Que los individuos puedan defenderse por sí mismo es más difícil”.
AMLO prometió libertad absoluta y cero censura. Y una forma de ejercer la censura en México es la intimidación, juzgó Casar. “La palabra presidencial es demasiado importante como para utilizarla para raspar reputaciones o para hacer imputaciones que en todo caso deberían transitar por vías judiciales”.
Linchamiento. Censura. Estigmatización. ¿Liberales con las opiniones y dogmáticos con los hechos?
En la jornada inaugural de este foro nacional, el vocero del gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, había convocado a los actores políticos a “construir puentes, viendo hacia el futuro” y “alcanzar consensos sin eliminar diferencias”.
Apenas un par de horas antes, el Ejecutivo federal había descalificado en la mañanera al empresario Claudio X. González y a MCCI, por el litigio estratégico contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Ayer, de nueva cuenta, en la conferencia de prensa fustigó a los críticos de su gobierno, entre ellos al periodista Carlos Loret de Mola y al dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos.
¿Derecho de réplica o linchamientos avasallantes, en cadena nacional, desde Palacio Nacional? Para Ramírez Cuevas, resulta válido combatir a los “enemigos de la verdad”.
En el último tramo del foro, la diputada federal Tatiana Clouthier Carrillo, excoordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, pagó su ausencia de la jornada inaugural, y participó en el penúltimo panel, enfocado a las fake news y la posverdad. Igual hizo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
EFECTOS SECUNDARIOS
RECETA. Los adeudos de estados y municipios al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado —que suman 53,000 millones de pesos— serán recuperados en forma directa por la Secretaría de Hacienda, a partir del próximo ejercicio fiscal. ¿Traducción? Los gobiernos subnacionales ya no podrán argumentar problemas financieros o atribuir otras eventualidades a su negativa de cubrir las cuotas pendientes. Con la recuperación de estos fondos, el ISSSTE podrá concretar su reforma administrativa, actualmente en curso, y que tiene como meta principal devolver la estabilidad financiera al instituto, agobiado desde hace años por el pago, sobre todo de pensiones, hacia donde se destina la mayor parte de su presupuesto, el cual cubrirá 231,696 millones de pesos. Para el 2020, el ISSSTE contempla un gasto programable de 349,442 millones, una tasa de crecimiento de 8.08%, al compararse con los 323,322 millones de pesos que ejercerá en el 2019.
TURBULENCIAS. En todas partes hay fuego amigo. En Sonora, mientras corren rumores sobre la “renuncia” del secretario de Hacienda de la administración estatal, Raúl Navarro, ya hay candidatos para ocupar la improbable vacante. Uno de los más mencionados es el director del Isssteson, Pedro Ángel Contreras López, no obstante su desempeño en dos crisis en curso: el desabasto de medicamentos en la red de hospitales y clínicas a su cargo, así como los intermitentes roces con los líderes de la burocracia local, comentarios adversos que se suman a un escándalo previo: la denuncia por falsificación de documentos que le imputó la empresa Terdibe, cuando fue funcionario en la Administración de Aduanas. Contreras también ya tiene un sustituto en espera: José Alfredo Ramírez Fontes, actual subdirector de finanzas del instituto, quien en su natal Veracruz estaba asociado al despacho de Daniel Israel García Báez, cercano al exgobernador Javier Duarte.
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