Pudo optar por su facultad de iniciativa preferente, pero AMLO prefirió cumplir otra cita con su historia y enviar al Congreso de la Unión su propuesta de Ley de Amnistía
Pudo optar por su facultad de iniciativa preferente, pero el Ejecutivo federal prefirió cumplir otra cita con su historia. Y con la inspiración de Miguel Hidalgo, envió al Congreso de la Unión su propuesta de Ley de Amnistía, hermanada con el indulto decretado hace 209 años por el Padre de la Patria en la intención de “conceder la libertad y dar nuevas oportunidades de reinserción social a quienes han cometido conductas delictivas”.
El espíritu de Hidalgo impregnó los primeros festejos patrios de la Cuarta Transformación. En la transmisión de la noche del Grito por el Sistema Público de Radiodifusión, el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, reivindicó la figura del cura-revolucionario radical. “Hijos míos, su justicia no es nuestra justicia”, parafrasea el historiador-burócrata cuando alude a diversos testimonios —nunca dice quiénes— de que Hidalgo vaciaba las cárceles a su paso y que también prometía un “cambio absoluto” a los insurrectos, a los más desprotegidos.
En 1810, primero fue la liberación de los presos confinados a la cárcel de la congregación de Dolores y después fue el Grito de Independencia, a fin de llamarlos a unirse al movimiento contra el virreinato. Desde entonces existe la tradición que los gobernadores y los presidentes municipales concedan el indulto a personas privadas de su libertad por delitos del fuero común.
La amnistía de Andrés Manuel López Obrador beneficiaría a quienes están en prisión por delitos menores, no a homicidas o secuestradores, tampoco a quienes hayan causado un grave daño a otra persona. El éxito de esta propuesta dependerá de la armonización de la ley general con las normas estatales, según la exposición de motivos de la iniciativa, remitida a la Cámara de Diputados, el pasado viernes 13.
Y es que en el fuero común —de acuerdo con datos del Sistema Nacional Penitenciario— el año pasado hubo 98,694 casos por narcomenudeo registrados en las carpetas de investigación de las 32 entidades federativas, a diferencia del fuero federal, que registraron 1,045 delitos de este tipo.
La iniciativa estipula que la Secretaría de Gobernación promueva a nivel local la expedición de leyes de amnistía por delitos semejantes a los contemplados en la ley de ámbito federal. Y que la Fiscalía General de la República será la institución facultada para la aplicación de la misma, con la intervención que corresponda a las dependencias federales, en particular a la propia Segob y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
El “significativo número” de personas privadas de la libertad, condenadas por delitos menores —muchas veces provocados por el hambre y la pobreza— motivan la amnistía de la 4T. Y también, el impacto de su encarcelamiento a las familias.
Mujeres encarceladas por posesión o transportación de narcóticos estarían entre las beneficiadas de la amnistía. Muchas de ellas —considera el proponente— delinquieron bajo amenaza o bien por el influjo de otra persona, que en muchos casos es su cónyuge o pareja sentimental.
Igualmente, los jóvenes inculpados, sentenciados y encarcelados por delitos contra la salud o por otros en los que no se produjeron hechos violentos con pérdida de vidas o con el uso de armas de fuego. Se trata, en muchos casos, de personas jóvenes detenidas por posesión de drogas en cantidades mayores a las permitidas por la legislación aplicable para consumo propio, o por haber participado en su transporte o comercialización.
“Esas personas jóvenes y mujeres no representan una amenaza para la sociedad, en cambio, su estancia en prisión puede condenarlas a formar parte de la delincuencia organizada o llevarlas a cometer nuevos delitos, ya sea dentro de los penales o al salir de ellos”, explica la iniciativa.
Las personas en prisión pertenecientes a las comunidades y pueblos indígenas, así como aquellas encarceladas por incurrir en el delito de aborto que sean consideradas en situación de vulnerabilidad, podrán acceder al beneficio de la nueva ley, dadas sus características socioeconómicas y culturales.
En cualquier supuesto, deberán cumplir con tres condiciones: no ser reincidentes; no haber sido condenadas por secuestro, homicidio o lesiones graves; y que no hayan empleado o utilizado armas de fuego en la comisión del delito por la que fueron sentenciados. Tampoco se podrán beneficiar de la amnistía aquellas personas procesadas o sentenciadas por delitos graves o sujetas a prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro o trata de personas.
La amnistía sería extensiva a quienes hayan cometido el delito de sedición u otros similares contemplados por el Código Penal Federal, por motivaciones de ideología política, o que hubieren sido indiciados por su participación en movimientos o protestas sociales. En este apartado hay dos antecedentes: la ley expedida en 1978 para excarcelar a presos políticos de la llamada guerra sucia y la Ley de Amnistía que fue aprobada en enero de 1994, a favor de los integrantes del EZLN.
EFeCTOS SECUNDARIOS
¿FAKE NEWS? Los editores de la versión online de este espacio recibieron una carta firmada por Ulrich Richter , en la que alude a un tal Armando Aguirre y un texto aparecido en este espacio hace dos semanas. Una lectura más cuidadosa y menos visceral del mismo hubiera permitido evitar descalificaciones. El abogado sostiene que no patrocina ni asesora al empresario Juan Armando Hinojosa, constructor de la Casa Blanca de las Lomas adquirida por Angélica Rivera. Y asegura igualmente que no litigó el caso de Oceanografía. Hasta allí su réplica. Al respecto, es necesario señalar que Amado Yáñez —y no quien escribe este espacio— hizo un relato pormenorizado de las gestiones de Richter Morales ante funcionarios de la extinta PGR. Sobre su recomendación de lectura, declino absolutamente. No acostumbro consumir Pulp Fiction.
REINCIDENTES. Los 20 accesos al perímetro de la mina Peñasquito en Zacatecas nuevamente fueron cerrados por afiliados a la empresa transportista Cava, no obstante que el líder local del Frente Popular de Lucha de Zacatecas y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Felipe Pinedo Hernández, y el senador petista José Narro Céspedes habían firmado un acuerdo con la compañía.
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