En su reconstrucción de los hechos, Robles Berlanga adelantó que el OIC acreditó que sus colaboradores no incurrieron en irregularidades
Antes de comparecer ante el juzgador, para determinar el grado de su participación en la pandilla que organizó y gestionó la Estafa Maestra, Rosario Robles Berlanga ha decidido iniciar su defensa a través de una peculiar estrategia mediática, que buscaría presentarla como víctima de una “campaña sistemática de linchamiento y difamación”, orquestada por Animal Político y Reforma, entre otros informativos.
A la noticia del congelamiento de sus cuentas, la ex secretaria peñista reviró con una comunicación al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en la que condena el manejo de su caso, pero reitera su confianza en las autoridades judiciales.
En su reconstrucción de los hechos, Robles Berlanga adelantó que el OIC acreditó que sus colaboradores no incurrieron en irregularidades. Y que “nunca hubo denuncia penal o petición de algún procedimiento administrativo en mi contra durante los seis años que fui integrante del gabinete en el gobierno federal”.
Tras de la exculpación del OIC, la exfuncionaria requirió a las secretarías de la Función Pública y de Hacienda que informaran sobre los procesos en su contra. “La SFP me respondió que después de hacer la investigación que la ley mandata encontró que la evolución de mi patrimonio era coherente con mis ingresos y la PGR que no había ninguna denuncia o carpeta de investigación en contra mía”, sentenció.
Lo cierto es que sólo por los seis convenios formados en la Sedesol, la Auditoría Superior de la Federación interpuso seis denuncias penales, entre el 2015 y el 2016, contra funcionarios de esa dependencia, siete universidades y el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, por presunto desvío de recursos.
Robles se fue a la Sedatu y con ella, cuatro funcionarios, que nuevamente firmaron convenios con instituciones educativas que resultaron observados en las auditorías del órgano fiscalizador.
La Estafa Maestra comenzó en Sedesol y se extendió a Sedatu. Al final, involucró a 16 funcionarios que firmaron 28 convenios por 3,258 millones de pesos con universidades y organismos de comunicación entre el 2013 y el 2016 en ambas dependencias. El esquema se repitió, en todos los casos: las dependencias hicieron convenios con las instituciones públicas para brindar servicios diversos y éstas a su vez subcontrataron empresas que simularon cumplir con los encargos o de plano no los realizaron… y los recursos públicos se esfumaron.
Emilio Zebadúa —quien fungió como oficial mayor en Sedesol y Sedatu mientras Robles Berlanga fue titular de ambas secretarías— es el funcionario de más alto nivel que firmó los convenios investigados por la Auditoría Superior de la Federación y denunciados ante la Fiscalía General de la República.
Como oficial mayor de Desarrollo Social firmó los primeros convenios protocolarios con la Universidad Autónoma de Morelos —el 1 de marzo del 2013— y la Universidad Autónoma del Estado de México, cinco días después. Al amparo de ese marco normativo, la dependencia suscribió al menos seis convenios con ambas instituciones, para monitorear y evaluar la Cruzada Nacional contra el Hambre, la principal estrategia de combate a la pobreza en el sexenio peñista.
En la Cuenta Pública del 2013, la ASF probó que los servicios contratados no se cumplieron y acreditó una “simulación de operaciones”, por lo que interpuso seis denuncias penales, entre el 2015 y el 2017. El 1 de septiembre del 2015, Zebadúa fue designado oficial mayor de Sedatu. Allí, siete funcionarios —entre los cuales, tres dependían directamente de Robles y uno de Zebadúa— firmaron al menos 12 convenios con universidades y organismos de comunicación entre el 2015 y el 2016, que sumaron 1,024 millones de pesos, de acuerdo con la información de la Cuenta Pública de ambos años.
En julio del 2017 el entonces subsecretario, Enrique González Tiburcio, y Armando Saldaña, director de Ordenamiento Territorial, presentaron sendas denuncias por la falsificación de sus firmas, ante el OIC de Sedatu, en el presunto convenio marco y el convenio específico suscritos con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, de Hidalgo.
El titular del OIC de Sedatu era Miguel Ángel Vega García, quien en ese caso particular, dio vista a la extinta PGR, cuya fiscalía especializada en delitos cometidos por servidores públicos inició procedimientos contra ambos funcionarios. Actualmente funge como director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del gobierno de Veracruz. El OIC de Sedesol, mientras Robles Berlanga fue titular de esa dependencia, fue Mauricio Razo Sánchez. Y en Sedatu lo hicieron titular del OIC del FIFONAFE, antes de que la Función Pública ordenara su destitución.
Robles Berlanga y Zebadúa González, para el ministerio público, tuvieron una coparticipación delictuosa en esta trama.
EFECTOS SECUNDARIOS
¿RUPTURA? Los industriales han perdido la paciencia ante lo que consideran inoperancia y cerrazón del titular de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), José Reyes Novelo Baeza. Y es que literalmente les fue notificada que cualquier tipo de reunión o interlocución, sobre cualquier tema, quedó cancelada hasta nuevo aviso. ¿Será?
FELIGRESÍA. Un reportaje de la periodista bonaerense Miriam Lewin para el canal TN reveló un capítulo inédito en la historia de Joaquín, el Chapo, Guzmán: sus vínculos con el Instituto Religioso Clerical Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, agrupación surgida hace 25 años en la provincia de Salta, al amparo del padre Agustín Rosa Torino y la monja María Alicia Pacheco (conocida como la hermana Micaela) quienes hace tres años estuvieron sujetos a proceso penal, por denuncias por abusos sexuales contra religiosos y feligreses. Ya en el 2015, el Vaticano intervino a los Discípulos de San Juan Bautista, desplazó de la conducción del instituto a sus superiores, incluido Rosa, y abrió una investigación sobre los manejos financieros de la institución religiosa. Ahora se sabe que trasladaron grandes sumas de efectivo desde México hasta Argentina, camufladas en una imagen de la Virgen de Guadalupe para el Cártel de Sinaloa, que algunos “buenos benefactores” pedían a Rosa Torino y a otros miembros de la congregación que los bendijeran antes de los operativos importantes y que el famoso capo ofreció pagar la reparación del techo de un convento, calculada en 50,000 dólares, pero fue reaprehendido en el 2015.
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